La falta de empleo, también en los pueblos de nuestro país, y sobretodo en el campo, la burocracia e inaccesibilidad de la población a los programas implementados recientemente con el propósito de salir adelante de la crisis ha producido un descontento social, una pérdida de confianza ante la opacidad en las autoridades de todos los órdenes de gobierno y representantes populares.
Una sociedad que pierde valores cada día ante la desesperanza y la desintegración familiar evidente, así como una lamentable, perversa relación política que hace prevalecer la aplicación de fondos públicos para lucrar con la propia necesidad de la gente, como desgraciadamente ocurre en nuestro territorio estatal.
En este contexto, deseo compartir con ustedes algunas inquietudes que en días pasados, en el marco de las Audiencias Públicas sobre la Evolución de la Crisis Económica y las medidas emergentes para enfrentarla -organizadas por el Senado de la República-, le expresé al secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
Marco Macroeconómico. En materia de déficit presupuestario países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda cuentan con reglas de responsabilidad fiscal, que les permiten apartarse de metas económicas en situación excepcional, con requisitos de información periódicos sobre acciones y avances para recuperar el equilibrio presupuestario.
En México, el gobierno federal ha manifestado la posibilidad de recurrir de manera moderada a un mayor financiamiento desde el punto de vista del déficit, con la idea de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, a pesar de que calificadoras a nivel mundial han revelado lo riesgoso de incurrir en mayor déficit.
En este sentido, es urgente saber si la Secretaría de Hacienda está pensando en impulsar modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto a fin de flexibilizar esta regla y recurrir a mayor endeudamiento, o si se está planeando hacer una compactación de estructuras orgánicas de toda la administración pública federal como se hizo en el año 2005. Y en qué monto. En el caso de la fracción parlamentaria del PRD, nos pronunciamos por un programa amplio de austeridad en todos los órdenes de gobierno.
Medidas tributarias. El pasado 2 de abril, la Secretaría de Hacienda envío al Congreso de la Unión los lineamientos económicos para el ejercicio fiscal del 2010. Para el próximo año se estima que los ingresos presupuestarios resultarán superiores en 50 mil millones de pesos en comparación con el monto previsto en la Ley de Ingresos de este año, los cuales se podrían financiar al obtener mayores ingresos tributarios, no petroleros, e incorporar nuevas medidas fiscales por 93 mil millones de pesos en el 2010.
Pero, ¿acaso los 93 mil millones de pesos obedecen a que Hacienda está estimando en su paquete para el 2010 el establecimiento del IVA en alimentos y medicinas? o ¿acaso este monto se refiere a la eliminación del subsidio en las tarifas eléctricas?, porque recientemente en una rueda de prensa que concedieron funcionarios de la Secretaría de Hacienda se dio esta cifra.
Dadas las circunstancias actuales me preocupa la crispación social que se percibe en nuestro entorno, en todos y cada uno de los pueblos, en las comunidades, los tiempos no están como para que las autoridades, ni para que el Congreso, permanezcamos como espectadores sin dar solución a millones de mexicanos que han sido afectados enormemente en sus bolsillos.
Ejercicio Presupuestal. Como parte de las acciones anunciadas en el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el gobierno federal anunció que se promovería un gasto público transparente, eficiente y, sobre todo, que se ejercería con oportunidad.
Sin embargo durante el primer semestre no sólo se hicieron reducciones al gasto (por 85 millones de pesos) sino que se dejó de ejercer, y en consecuencia se presentaron subejercicios presupuestales en el orden de los 12 mil 400 millones de pesos.
Ante esta problemática la Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo Federal, a enviar un informe detallado, sin que hasta el momento haya respuesta. En este sentido, resulta evidente la discrecionalidad del gobierno en la administración de estos recursos.
Mención aparte merece la actitud patética de algunos delegados del gobierno federal que condicionan los apoyos a la militancia partidista, algo a lo que el gobierno y todo su aparato gubernamental está obligado a revisar y corregir, en este sentido, ¿qué medidas se tiene pensado proponer en el próximo paquete económico?, pues es evidente que a muchos no nos satisface el que simplemente se diga que se enviará un presupuesto blindado y que este se ejercerá con eficiencia si definitivamente no existe voluntad para llevarlo a cabo.
La prueba de ello es el incumplimiento no sólo de un Acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal; sino el incumplimiento a disposiciones reglamentarias que establecen sanciones para aquellos servidores s que las incumplan y hasta el momento desconocemos cuántos funcionarios públicos han sido sancionados y separados de sus cargos por el incumplimiento a estas normas.
En los hechos solo vemos que se sacrifican los programas recortándoles el gasto y no hemos tenido conocimiento de que funcionarios han sido sancionados por la misma razón.
Minerva Hernández Ramos
Senadora de la República
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