Llamadas a cualquier hora del día y de la noche, intimidaciones, amenazas de embargo y supuestas acciones judiciales, son algunas de las estrategias que utilizan distintas instituciones bancarias para cobrar adeudos.
Dichas llamadas son realizadas lo mismo en días festivos, que en fines de semana, en horario nocturno o a muy temprana hora, sin embargo lamentablemente, la presión se ejerce no sólo en contra del titular de la deuda sino también en contra de su aval o de las referencias que éste haya proporcionado en su solicitud.
La mayoría de las llamadas son altamente amenazantes. Algunas empresas o departamentos de cobranza han sido acusados de ser hostiles e intimidatorios y de dirigirse con falta de respeto para quienes han caído en cartera vencida en algún crédito.
Todo mundo esta consciente de que cobrar una deuda es hacer valer un derecho legítimo, previamente estipulado en un contrato, aceptado por las partes, las cuales están conscientes de que si no se cumple con las cláusulas que menciona habrá consecuencias, sin embargo se espera que haya respeto con los deudores y sus familiares.
Impago de los créditos
El nivel de impago de los créditos al consumo continua con una tendencia a la alza, la cartera vencida en el llamado “dinero plástico” aumentó 50.3 por ciento al cierre del año pasado en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Podemos pensar que el endeudamiento se ha agudizado debido a la crisis económica por la que atraviesa el país. El frecuente aumento en los precios de los bienes y servicios, el desempleo y la poca cultura bancaria de gran parte de la población, son factores que ocasionan que las personas se encuentren en condiciones de impago de sus deudas con las instituciones de crédito.
Ante tal situación las instituciones bancarias han contratado despachos de cobranza o agencias de recuperación de créditos, comenzando todo un proceso, mediante el cual se trata de recuperar el adeudo a través del envío de cartas, oficios o llamadas en los que se avisa a los deudores que si no cubren los créditos se procederá al embargo de bienes muebles o inmuebles dependiendo del monto de la deuda, prácticas de intimidación de cobro extra judicial, que no cuentan con el respaldo legal de una autoridad.
No más impunidad
Tales prácticas son motivo de infinidad de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y como respuesta a este problema, en coordinación con las empresas de cobranza esta comisión publicó un Código de Ética de las Obligaciones para con los Deudores y Público en General.
Dicho código regula el procedimiento de cobro, para que éste se haga bajo estricto apego a derecho y basado en principios profesionales, tecnológicos y éticos en beneficio de la población que tenga adeudos con dichas instituciones.
Desafortunadamente al no ser un instrumento con carácter de Ley muchas empresas de cobranza no lo aplican ya que no tienen la coerción que ésta lleva implícita.
Por tal motivo, su servidora impulsa desde el Senado una reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para regular a estas empresas de cobranza en la forma de requerir el pago de los adeudos, al fijar los horarios y las personas a las cuales les podrán realizar las llamadas y las condiciones en que se efectuarán éstas así como las demás prácticas de cobranza.
Planteo con otros senadores, que una Comisión Nacional vigile y, en su caso, sancione a las instituciones financieras, así como a las empresas de cobro cuando:
Exijan el cobro de los pagos vencidos al deudor mediante requerimientos de presuntas demandas o notificaciones judiciales u ostentarse como representantes del órgano jurisdiccional u otra autoridad.
Realicen llamadas telefónicas fuera de los días y horas hábiles que comprenden de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, con el objeto de negociar el cobro de los adeudos vencidos. Queda prohibido realizar el requerimiento de los pagos vencidos a menores o personas de la tercera edad y familiares del acreedor.
Incrementen el saldo de la deuda con cargos no autorizados por la legislación correspondiente o el contrato celebrado por las partes.
Establezcan registros especiales, distintos a los previstos en las leyes competentes para hacer del conocimiento general de la situación en que se encuentran los deudores.
Ante la gravedad provocada por la crisis económica, cuyos efectos ya son más que evidentes en distintos sectores de la producción y en el bolsillo de miles de familias tlaxcaltecas, todas las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno debemos impulsar acciones pensadas en el bienestar de los ciudadanos. Ese tendría que ser el principal motivo de nuestro actuar cotidiano.
Minerva Hernández Ramos
Senadora de la República
www.despertardemocratico.com
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